El ciudadano y el jurista. La tensión entre democracia y derecho

La tensión entre Democracia y Derecho continúa actualmente en toda su agudeza, tal vez más que nunca, tanto en España como en otros países de la civilización occidental a la que pertenecemos. Por supuesto, se trata, ya en sí misma, de una tensión estructural, no meramente episódica, pero las crisis social es y económicas, la ocasional actividad política antisistema o la persistente deslealtad a la Constitución acaban por repercutir, con mayor o menor gravedad, en el ámbito institucional, poniendo a prueba la armónica convivencia entre esos dos principios capitales de la forma del Estado: la Democracia y el Derecho. Ambos principios resultan, sin embargo, inseparables en una democracia constitucional —y por tanto jurídicamente limitada— como la española, en la que no vale como Derecho únicamente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos o de sus representantes parlamentarios, sino la expresión de dicha voluntad dentro de los cauces y con los límites sustantivos impuestos, mediante los derechos fundamentales, por el ordenamiento jurídico, caracterizado además por la incondicionada supremacía de la Ley Fundamental de 1978.

En suma, la declaración inicial del texto constitucional de que España es un Estado democrático de Derecho proclama la existencia de un binomio inescindible, en el que sus partes constitutivas se necesitan mutuamente dentro de los procesos de creación, interpretación y aplicación de todas las normas y actos jurídicos. Sin embargo, la frecuente degeneración del Estado de partidos en una partitocracia pone a prueba la vulnerabilidad de esa forma estatal, epítome de una civilización que aspira a hacer realidad el sueño milenario de ser gobernados por leyes y no por hombres.